Redacción PH

Con el asesinato de Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, suman 88 los políticos asesinados en el proceso electoral de 2021, el segundo más violento desde el año 2000.

Así lo dio a conocer Etellekt Consultores, empresa que en su más reciente informe precisa que de los 88 asesinados, 34 eran aspirantes y candidatos y 29 buscaban algún cargo municipal (alcaldías, regidurías y sindicaturas).

De éstos, el 89 por ciento eran opositores a los alcaldes de los municipios que buscaban gobernar o representar; cuatro aspirantes y candidatos asesinados se postulaban por diputaciones estatales y todos eran opositores a los gobiernos estatales. Mientras que una víctima restante era un aspirante a una diputación federal, también opositora al gobierno federal.

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Del conteo destaca que los últimos tres asesinatos contabilizados en mayo, los tres candidatos eran de Movimiento Ciudadano. El 13 de mayo fue asesinado Abel Murrieta, candidato a la presidencia municipal de Cajeme y ex procurador de Justicia del Estado de Sonora. El pasado 22 de mayo se localizó el cuerpo de Arturo Flores Bautista, candidato a síndico en el municipio de Landa de Matamoros, Querétaro. En las últimas horas se sumó el nombre de Alma Barragán al fatídico recuento.

En materia de género, Etellekt Consultores menciona que de las 88 personas asesinadas, 14 eran mujeres. De los 34 aspirantes y candidatos asesinados, 7 eran mujeres.

Los 34 asesinatos de aspirantes se registraron en 16 de las 32 entidades, y en 32 municipios del país. Los partidos que conforman la alianza opositora al gobierno federal, concentran 39 de las 88 personas políticas asesinadas en todo el país.

De los 88 políticos asesinados, 90 por ciento eran personajes del ámbito municipal de gobierno: alcaldes, regidores, síndicos, militantes y dirigentes partidistas de comités directivos municipales y aspirantes a alcaldías, regidurías y sindicaturas.

El 8 por ciento eran políticos del ámbito estatal y sólo 2 por ciento, personas políticas del ámbito federal.

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Hasta ahora, Etellekt Consultores coloca al proceso intermedio como el segundo más violento registrado desde el año 2000.

El número de políticos y aspirantes asesinados es 29.5 por ciento superior a las 61 víctimas mortales del ciclo electoral intermedio de 2015; mientras que las agresiones globales (homicidios, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos), registradas hasta el 30 de abril de 2021, superaron en 64 por ciento las cifras de violencia que se habían presentado hasta el mismo corte del periodo electoral 2017-2018, el más violento de la historia.

Las agresiones en contra de políticos, aspirantes y candidatos en el actual proceso han abarcado a 31 entidades y 321 municipios de la república.

Este panorama, advierte la consultora compromete a la democracia y “la independencia, autonomía e integridad de las futuras autoridades electas y designadas en muchas de estas localidades, en donde algunos candidatos podrían acceder al poder mediante el uso de métodos violentos en contra de sus adversarios, lo que a mediano plazo podría traducirse en autoridades corruptas y en fenómenos subyacentes como el desvío de recursos o en actos de negligencia criminal en la construcción de obras públicas, que pongan en riesgo la integridad y vida de los propios ciudadanos”.

Finalmente, Etellekt advierte que tras la jornada electoral, las autoridades deberían investigar a quiénes se beneficiaron electoralmente de esta violencia y esclarecer los móviles y la autoría material e intelectual de estos atentados.

Con información de Aristegui Noticias