El grupo parlamentario de Morena del Congreso del estado inició el proceso para dar marcha atrás a la privatización del agua en el estado, con lo que se busca frenar el mal servicio y la concesión que mantiene Agua de Puebla pese a las quejas de los usuarios.

Para ello se ha convocado a la sociedad civil y organizaciones a participar en la elaboración de la nueva ley que sustituya la Ley de Agua que se creó en el sexenio de Rafael Moreno Valle, la cual permitió la llegada de la empresa Concesiones Integrales a la capital.

El nuevo plan debe contemplar evaluaciones de crecimiento poblacional, actividades industriales y agrícolas, evaluaciones de saneamiento de aguas residuales, municipales, así como de la cobertura de la red de agua y de drenaje.

Gabriel Biestro Medinilla, diputado local de Morena advirtió que la concesión es contraria a lo el artículo 4° mandata, pues lucra con el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

También el proyecto se establece que el derecho humano al agua deberá ser garantizado por el estado.

Sin embargo el candado más difícil de romper será la fracción IV del artículo 31, el cual advierte que el incumplimiento del contrato implicaría sanciones y la obligación de “indemnización” de la autoridad con la empresa.

Y aunque los diputados de Morena convirtieron el tema de Agua de Puebla una de sus propuestas de campaña revocar la concesión costaría 3 mil millones de pesos, el dobl de lo que Concesiones Integrales pagó para obtener la autorización.