Pedro Lara Hernández

^{“Oponerse a la corrupción en el gobierno es la máxima obligación del patriotismo.”
George Edward Griffin.
Escritor y cineasta estadounidense.}

Los años del neoliberalismo no solo permitieron que empresas nacionales y extranjeras explotaran sin límite la riqueza de nuestro país, también abrieron la puerta a un fenómeno menos visible pero igualmente lesivo: la consolidación de una burocracia privilegiada que, mediante resquicios legales y triquiñuelas administrativas, gestionó pensiones desproporcionadas que hoy representan una pesada carga para las finanzas públicas.

Mientras millones de mexicanos luchaban por sobrevivir con salarios precarios, un reducido grupo de exfuncionarios tramitaba jubilaciones extraordinarias que, acumuladas a lo largo de los años, han significado miles de millones de pesos. Recursos que, de haberse administrado con justicia y racionalidad, pudieron haberse destinado a combatir la pobreza, fortalecer el sistema de salud o ampliar la cobertura educativa.

Frente a esta realidad, la presidenta Claudia Sheinbaum, en cumplimiento del mandato popular de poner orden en la casa común, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional. El objetivo es claro: establecer límites a las pensiones exorbitantes otorgadas a altos cargos de confianza en entidades públicas, muchas de las cuales rebasan el salario de la titular del ejecutivo federal.

Resulta difícil de creer que, durante décadas, se hayan autorizado jubilaciones que hoy alcanzan entre 100 mil y hasta un millón de pesos mensuales. En muchos casos fueron gestionadas con habilidad administrativa, si, pero también con la complacencia de funcionarios que las validaron y con el aval político de gobiernos anteriores.

Conviene recordar qué es, en esencia, una pensión: una prestación económica periódica destinada a proteger al trabajador en situaciones como vejez, invalidez o fallecimiento. Su razón de ser es garantizar una vida digna cuando ya no se cuenta con capacidad productiva. No fue concebida para convertirse en instrumento de acumulación desmedida ni en privilegio perpetuo financiado por el erario.

Sin embargo, la llamada “burocracia dorada” distorsionó ese principio. Cada quincena, mientras millones de mexicanos reciben apoyos modestos o pensiones mínimas, este grupo privilegiado percibe montos que ofenden el sentido básico de equidad. La reforma propone que ninguna pensión supere el 50% del salario del ejecutivo federal -aproximadamente 70 mil pesos mensuales- lo que permitiría generar ahorros estimados en 5 mil millones de pesos anuales, recursos que podrían redirigirse a programas sociales.

Los datos oficiales expuestos por Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, revelan la magnitud del problema. Entidades como la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional Financiera (Nafin), Banobras y Bancomext concentran en conjunto 94 mil 333 pensionados que representan un gasto anual de 96 mil 306 millones de pesos. De ellos, 6 mil 297 perciben montos superiores al salario presidencial.

Hay casos que resultan emblemáticos: personas que reciben 300 mil pesos mensuales tras haber laborado apenas 10 o 15 años; otras que superan los 12 millones de pesos anuales. Tan solo 14 mil 73 exempleados de confianza generan un pago anualizado de 28 mil 74 millones de pesos desde hace 16 años. Además, el subsidio gubernamental al impuesto sobre la renta de estos beneficiarios suma 2 mil 367 millones de pesos adicionales cada año.

En la extinta LFC, una sola persona recibe poco más de un millón de pesos mensuales. Otros 603 pensionados perciben entre 200 mil y 299 mil pesos; 205 entre 300 mil y 399 mil; 75 entre 400 mil y 699 mil; y 33 entre 700 mil y 999 mil pesos mensuales.

En Pemex existen 22 mil 316 jubilados que representan un gasto de 24 mil 844 millones de pesos; 544 de ellos reciben más que la presidenta. En la CFE hay 54 mil jubilados de confianza que cuestan al erario 40 mil 950 millones de pesos anuales; 2 mil 199 perciben montos superiores al salario presidencial, lo que equivale a 4 mil 496 millones de pesos.

Nafin registra mil 449 jubilados con un costo anual de 643 millones de pesos; nueve de ellos superan el salario presidencial y concentran 16 millones de pesos al año. En Banobras, mil 521 jubilados representan mil 29 millones de pesos anuales; 19 reciben más que la mandataria. En Bancomext, 966 jubilados generan un gasto anual de 766 millones de pesos; 22 de ellos concentran 45 millones de pesos al año.

A ellos se suman 45 mil 680 casos que superan la pensión más alta del ISSSTE y 8 mil 157 que exceden la del IMSS, lo que evidencia una profunda desigualdad en el sistema.

La discusión de fondo no es jurídica sino moral y política; ¿puede un país con profundas brechas sociales sostener prensiones que multiplican por diez o veinte el ingreso promedio nacional? ¿puede hablarse de justicia social cuando el retiro de unos cuantos se financia con los impuestos de millones?

El debate apenas comienza. Pero lo cierto es que el privilegio, cuando se institucionaliza, termina erosionando la legitimidad del Estado. Y un gobierno que se asume como representante del pueblo no puede permanecer indiferente ante esa distorsión, por ello reconocemos el actuar político y patriótico de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.