Luis Enrique Sánchez Fernández

El próximo 16 de abril, la ciudad de Puebla de los Ángeles cumplirá 495 años. Casi medio milenio de historia, de templos, de trazos urbanos que nacieron como proyecto de orden, de convivencia, de equilibrio entre culturas.

Hoy, esa ciudad —orgullosa de su pasado— vive una tensión profunda con su presente.

Porque Puebla ya no es sólo destino turístico, patrimonio cultural o referencia gastronómica. En los últimos años, se ha convertido también en territorio de disputa: crimen organizado, bandas locales, narcomenudeo, robo de combustible, asaltos cotidianos. Violencias distintas que conviven y se alimentan entre sí.

La pregunta es inevitable:

¿Se descompuso la ciudad? ¿Entró en crisis? ¿O estamos viendo el reflejo de algo más grande?

La respuesta incómoda es que Puebla no está sola en este proceso. No es una excepción: es parte de un país donde la violencia se ha normalizado y donde el Estado ha perdido, en muchos espacios, el control efectivo del territorio.

Pero tampoco es sólo un problema nacional.

Puebla tiene características propias que explican su situación: su ubicación estratégica, su crecimiento urbano desordenado, sus corredores industriales y carreteros, y una geografía que ha sido aprovechada por economías ilegales como el huachicol y el tráfico de drogas. No es casualidad: es funcional para el crimen.

A esto se suma un factor aún más delicado: la fragilidad institucional.

Cuando la policía no es confiable, cuando el ministerio público no resuelve, cuando el ciudadano decide no denunciar porque “no sirve de nada”, lo que se rompe no es sólo la seguridad. Se rompe la idea misma de autoridad.

Y sin autoridad legítima, lo que aparece es otra forma de orden: el orden del miedo.

Por eso la crisis de Puebla no es sólo de delincuencia.

Es una crisis de Estado.

Un Estado que llega tarde, que investiga poco, que castiga menos y que, en ocasiones, administra la percepción en lugar de resolver el problema.

¿Es el sistema económico internacional?

En parte sí. Las economías ilegales son hoy redes globales: drogas, combustibles, armas, dinero. Pero esas redes sólo prosperan donde hay condiciones locales que lo permiten: corrupción, impunidad, debilidad institucional y abandono social.

El crimen no sustituye al Estado por casualidad. Lo hace porque puede.

Y mientras eso ocurre, la vida cotidiana cambia:

calles que se evitan, horarios que se recortan, negocios que cierran, ciudadanos que se repliegan. La ciudad se achica. Se encierra. Se fragmenta.

Una ciudad con miedo deja de ser ciudad.

¿Qué hacer?

No hay soluciones mágicas ni discursos suficientes.

Se necesita reconstruir lo básico:
policías que funcionen, ministerios públicos que investiguen, jueces que
castiguen.

Se necesita atacar las economías criminales, no sólo detener a los operadores menores.

Se necesita recuperar barrios, espacios públicos, comunidad.

Y se necesita algo más difícil: voluntad política real para asumir el problema sin maquillarlo.

Porque negar la crisis no la resuelve.

Administrarla, tampoco.

Puebla, a sus 495 años, no es una ciudad perdida.

Pero sí es una ciudad en disputa.

Y en esa disputa se juega algo más que la seguridad:

se juega el tipo de ciudad que queremos ser.

Si el Estado no recupera su lugar, alguien más lo ocupará.

Y cuando eso ocurre, la historia (esa que tanto celebramos) deja de ser orgullo y se convierte en recuerdo.

Es cuanto.