El Congreso del Estado de Puebla recibió un paquete de iniciativas que buscan expedir la Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño en el Delito de Feminicidio. La propuesta, presentada de manera conjunta por diputadas de diversas bancadas, replica el modelo impulsado a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La iniciativa no solo pretende endurecer el castigo, sino transformar la manera en que se imparte justicia.

Uno de los pilares de la reforma establece que toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada, desde el primer momento, bajo el protocolo de feminicidio, medida que busca evitar errores técnicos en las carpetas de investigación que permiten a los agresores recibir sentencias reducidas o evadir la ley.

En cuanto a la severidad de las penas, el marco jurídico propone sentencias que van de 30 a 70 años de prisión, en tanto las agravantes podrán alcanzar hasta 100 años de cárcel cuando concurran condiciones específicas.

“El feminicidio no es un delito más, sino la expresión más brutal de una violencia estructural que requiere una ruta de justicia infalible”, subrayó la diputada Norma Pimentel Méndez del PVEM.

La pena máxima se aplicará de forma estricta cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables o el crimen presente crueldad extrema, incluyendo: víctimas menores de edad (niñas y adolescentes), mujeres adultas mayores o con discapacidad; mujeres en estado de embarazo y crímenes cometidos frente a menores de edad o con uso de armas de fuego y blancas.

Más allá de la sanción al agresor, la ley pone el foco en la reparación del daño. Se contempla una atención integral para los menores que quedan en situación de orfandad, garantizándoles acceso inmediato a servicios médicos, psicológicos y protección física.

El paquete legislativo consta de dos leyes complementarias presentadas por las diputadas Susana Riestra, Norma Pimentel, Esther Martínez, Laura Vargas, Xel Arianna Hernández y María Fernanda de la Barreda.

Ambas propuestas fueron turnadas a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictaminación. Con esto, Puebla busca saldar una deuda histórica con las mujeres, garantizando que ninguna muerte quede en el olvido o la impunidad.