La Fiscalía General de la República (FGR) asestó un golpe definitivo al patrimonio del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, tras obtener una resolución judicial que declara la extinción de dominio sobre su lujosa residencia ubicada en Lomas de Bezares.

El inmueble, valuado en 51 millones 701 mil 973 pesos, pasará formalmente a manos del Estado luego de que las autoridades acreditaran que fue adquirido con recursos de procedencia ilícita vinculados a la compra a sobrecosto de la planta Agronitrogenados.

La resolución, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil, confirma que los fondos utilizados para la compra de la propiedad en la alcaldía Miguel Hidalgo provienen de sobornos otorgados por la empresa Altos Hornos de México.

Según las investigaciones del Ministerio Público Federal (MPF) Lozoya adquirió la propiedad mientras fungía como titular de la paraestatal.

El dinero es resultado de las gestiones para que Pemex comprara una planta de fertilizantes “chatarra” y aunque la defensa del exfuncionario intentó frenar el proceso mediante juicios de amparo, fueron finalmente desestimados.

La residencia en disputa destaca por su diseño arquitectónico moderno, con acabados en madera y amplias áreas verdes, mientras el interior destaca por sus habitaciones y vestidores de gran escala, biblioteca particular y terrazas, además de vistas panorámicas hacia una de las zonas más exclusivas de la capital.

La situación legal de la familia Lozoya se complica. Simultáneamente, la exesposa del exfuncionario, Marielle Helene Eckes, libra su propia batalla legal para evitar perder una mansión en Ixtapa-Zihuatanejo, valorada en 1.9 millones de dólares.

Eckes impugnó recientemente una resolución que, al igual que en el caso de la CDMX, favorece a la FGR. El Tribunal Colegiado en Materia Civil aún analiza si le otorgará la protección de la justicia federal o si dicha propiedad también será decomisada.

Debe recordarse que la extinción de dominio es la pérdida de los derechos sobre bienes de origen ilícito o utilizados para cometer delitos, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño. Se utiliza para desmantelar la estructura financiera de la corrupción y el crimen organizado, destinando los recursos al fortalecimiento de la justicia y programas sociales.

Emilio Lozoya, quien actualmente enfrenta sus procesos en prisión domiciliaria tras abandonar el Reclusorio Norte en 2024, sigue siendo el eje central de las investigaciones por el caso Odebrecht. Se le acusa de recibir sobornos para financiar la campaña presidencial de 2012 y de operar una red de corrupción que sangró las finanzas de la petrolera nacional.