Gabriela Xelano

Por las irregularidades con las que se llevó a cabo el intento de fiscalización, la BUAP solicitará al Congreso de Puebla la destitución de Francisco Romero Serrano como titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

En rueda de prensa, José Ubaldo Ramírez, subcontralor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), anunció la decisión de la máxima casa de estudios poblana un día después de que la ASE afirmara que la universidad incumplió con entregar los documentos para hacer una auditoría preventiva, para dar paso a una auditoría ordinaria.

“El día de hoy se estará presentando una denuncia ante el Congreso local; tendría que ser ante la Comisión Inspectora pero ellos ya tomaron postura.

Al mismo tiempo el subcontralor informó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) aceptó la petición para que se realice una revisión de sus cuentas públicas del ejercicio de recursos federales en el año 2019.

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Con ello, queda en claro que el proceso iniciado por el novel auditor sí podría significar un intento de injerencia del gobierno del estado, como con anterioridad acusaron los funcionarios.

Nos ha notificado que se tomará en consideración la información proporcionada para su incorporación al proceso de planeación y programación de auditorías para la fiscalización de la cuenta pública 2019, con lo cual se demuestra que la competencia para la fiscalización de recursos federales compete directamente a la Auditoría Superior de la Federación.

A la par los funcionarios insistieron en que la institución no se opone a la revisión de sus cuentas públicas, sin embargo, no permitirán que el proceso que pretende iniciar la ASE presente irregularidades.

Fue solicitada a la Auditoría Superior de la Federación derivado de las irregularidades que presenta la auditoría preventiva a la BUAP, institución que no se opone a la revisión de sus cuentas públicas.

Por lo anterior, ahora será la ASF la que revisará los recursos federales y federalizados.

También recordó que los recursos federales le corresponden a la ASF auditar, los estatales a la ASE y los recursos propios son revisados por auditorías externas, mientras que toda la información debe ser avalada por el Consejo Universitario.

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Finalmente, sobre el ofrecimiento de servicios jurídicos contra el programa de reemplacamiento, los consejeros aseguraron que se trata de la “atención de una demanda de la ciudadanía”, planteada, incluso, previa al enfrentamiento con las autoridades estatales.

Cabe recordar que toda la polémica comenzó por la venta irregular de Lobos BUAP, sin embargo de acuerdo con el subcontralor de la institución fue el mismo Consejo Universitario el que aprobó todas las medidas adoptadas y comprobó que no hubo ningún tipo de desvío o manejo irregular.