Por la desaparición forzada de diez personas, la CNDH emitió una Recomendación en la cual se exige a Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina (Semar) y a Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, fiscal de Nuevo León, reparar el daño a una persona y familiares de las 10 víctimas de desaparición forzada.

Además las víctimas deberán ser inscritas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas para encontrarlas; instruirse a los mandos para videograbar los operativos en los que exista contacto con la población civil,y dar acceso a los familiares y la víctima liberada al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral,

Como todos los desaparecidos fueron hombres, jefes de familia también se les deberá otorgar atención médica, psicológica y beca de estudios vitalicia a los niños.

Todo lo anterior derivó de una serie de desapariciones que ocurrieron en Nuevo León y Tamaulipas, en las cuales se acreditó la participación de elementos de la Marina, por lo que por la similitud de los casos, se iniciaron cuatro expedientes.

Dos menores desaparecidos

En el primero, una persona fue detenida mientras circulaba en su vehículo por una carretera de Sabinas Hidalgo, Nuevo León; en tanto, otras tres víctimas fueron sustraídas de sus domicilios por personal de la Secretaría de Marina (Semar), y no se sabe su ubicación.

El segundo caso trata sobre un adulto y un menor de edad que fueron detenidos a bordo de un vehículo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un retén de la Semar. En el tercero, un menor fue detenido sin justificación por elementos navales cuando conducía su vehículo en la misma ciudad. Finalmente, en el cuarto, tres personas fueron detenidas frente a una vulcanizadora en El Refugio, en Matamoros.

En todos los casos hubo testigos oculares, e incluso se demostró que los detenidos fueron ingresados a las bases navales, sin que a la fecha haya pistas sobre su paradero.

Autoridades omisas

LA CNDH refiere que en uno de los casos la Semar intentó desacreditar a los familiares de una de las víctimas al argumentar inconsistencias y contradicciones en sus escritos.

Situación similar intentó el Ministerio Público de Sabinas Hidalgo, Nuevo León quien dilató excesivamente en integrar las averiguaciones previas, por lo que no actuó de inmediato para buscar a las víctimas o responsables y no se realizó una efectiva investigación.

Por lo anterior la CNDH le recomendó a la Fiscalía de Nuevo León impartir un curso al personal de las fiscalías especializadas y en las Agencias del MP del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La recomendación incluyó el testimonio de otra persona que fue detenida de manera arbitraria y la retuvieron ilegalmente por cinco días, sin embargo pidió que no se investigara su caso por temor a represalias, aunque la Comisión sí la consideró como otra víctima.

De igual forma se le urgió al organismo de elite como colaborar con la CNDH en la denuncia ante la Unidad de Inspección y Contraloría General de la Marina y la Procuraduría General de la República (PGR) contra los elementos navales involucrados.

De igual forma se exigió al personal de la Semar cumpla con la “Directiva sobre el respeto a los derechos humanos y la observancia del orden jurídico vigente en las operaciones en contra de la delincuencia organizada” y no se oculte la situación jurídica de las personas bajo su custodia.

La Marina también deberá capacitar al personal naval en derechos humanos, con énfasis en la Ley sobre desaparición forzada de personas y en los deberes que tienen respecto de la cultura de la denuncia de ilícitos, además de designar a un servidor