Redacción PH
En Sesión Ordinaria virtual de la LX Legislatura del Congreso del Estado, el Pleno, aprobó por mayoría de votos la iniciativa de reforma, enviada por el titular del Ejecutivo, al Código Penal del Estado con la intención de tipificar como delito la venta y distribución de vacunas contra el COVID-19; falsas, alteradas, contaminadas o adulteradas, o que no estén autorizadas por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios.
De acuerdo con el proyecto, se reforman las fracciones III y IV del artículo 403, las fracciones XXI, XXII, XXIII y XXIV del 404 y se adiciona la fracción V y un segundo párrafo al 403, y la fracción XXV al 404.
Conforme a los considerandos de la iniciativa, ni el gobierno estatal ni el Congreso del Estado, permitirán que alguien se aproveche del estado de vulnerabilidad de algunas familias, por lo que las reformas emprenden acciones para sancionar a quienes, por medio del engaño, lucren con la venta, comercio, distribución o transporte de sustancias que se ofrezcan como vacunas del COVID-19 falsificadas, alteradas, contaminadas o adulteradas, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar.
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En su intervención el diputado Oswaldo Jiménez López, aseveró que es importante que se apliquen sanciones por la venta de vacunas falsas y mantener los focos de alerta en este sentido; mientras que la diputada María del Carmen Saavedra Fernández, respaldó la iniciativa al señalar que se debe perseguir a quienes intenten lucrar económicamente con un tema tan delicado.
En tanto que la diputada Nancy Jiménez Morales, expuso que la Policía Cibernética se ha percatado de que se utilizan medios en internet para cometer fraudes y por teléfono también hay intención, de delincuentes, para realizar estafas; asimismo, el diputado José Juan Espinosa Torres, consideró que la iniciativa llega a tiempo tomando en cuenta la crisis sanitaria y el inicio de las campañas de vacunación.
Protección a niños y adolescentes
En otro momento del orden del día, las y los diputados aprobaron, por unanimidad, la iniciativa por la que se reforman las fracciones II y III del artículo 627, el primer y tercer párrafo del 637 y se adiciona la fracción IV al 627 del Código Civil para el Estado.
Al hacer uso de la palabra la diputada Rocío García Olmedo señaló que este dictamen tiene la intención de establecer una mayor protección legal para las niñas, niños y adolescentes que sean víctimas de violencia familiar reiterada, pretende, también, armonizar la denominación jurídica del concepto “interés superior del menor” por el de “interés superior de la niñez”.
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Mientras que la diputada Mónica Lara Chávez expresó que las y los niños que son testigos o víctimas de la violencia o abuso pueden padecer problemas mentales, emocionales y sociales, que en algún momento puede provocar que tengan conductas antisociales.
