El Banco Central de Cuba emitió esta semana una serie de regulaciones que prohíben a las empresas estatales y privadas el uso de cajeros automáticos y limitan las transacciones en efectivo entre ellos, buscando controlar la inflación galopante y los negocios fuera de los libros contables en medio de una grave crisis económica.

La normativa entró en vigor el jueves y también limita las transacciones en efectivo a 5,000 pesos (moneda nacional).

El gobierno cubano fijó el dólar a 24 pesos y para empresas selectas, turistas y residentes a 120 pesos (tasa oficial), aunque tiene poco para cambiar. El dólar cotiza actualmente a 230 pesos en el mercado informal.

Las autoridades buscan frenar la inflación que el gobierno cifra en 45 % en lo que va del año y controlar la devaluación del peso tomando una serie de medidas para impulsar la “bancarización” en el país y fomentar el uso de “pagos electrónicos”, dijo un comunicado difundido en medios oficiales.

Los precios aumentaron un 39% el año pasado y más del 70% en 2021, según el Gobierno, cifras que, según muchos economistas, subestiman la tasa, ya que no representan adecuadamente un mercado informal en expansión.

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El ministro de Economía en Cuba, Alejandro Gil, dijo a fines del mes pasado que el Producto Interno Bruto (PIB) creció 1.8% en la primera mitad del año, pero se mantuvo 8% por debajo de los niveles previos a la pandemia de coronavirus, lo que provocó escasez de alimentos, medicamentos, combustible y otros bienes básicos.

La crisis ha llevado a una falta de confianza en el sistema bancario estatal, lo que ha resultado en una falta de efectivo en algunos cajeros automáticos, ya que las empresas y los actores informales los utilizan, dejando horas a los residentes haciendo largas filas.

El reglamento establece que el objetivo de la medida es que “la relación de cobros y pagos entre los actores de la economía, sean privados o no, no sea sobre la base del efectivo, sino (…) del comercio electrónico”.

Pavel Vidal, un execonomista del Banco Central y profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia, dijo que esa “es una medida que en realidad no beneficia a los bancos y que no es antinflacionaria”.

Con información de Reuters