Pobladores de la Montaña Baja de Guerrero emitieron una alerta urgente al gobierno de Puebla, para que implementen un “blindaje de seguridad” en la zona limítrofe, tras el avance e incursión violenta del grupo delictivo “Los Ardillos” en la zona, que ha provocado el desplazamiento forzado de aproximadamente 800 familias.

Representantes de las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuetlán y Alcozacán (municipio de Chilapa) señalaron que la violencia se intensificó desde el pasado 6 de mayo.

Según el Congreso Nacional Indígena (CNI), el saldo actual es devastador: 76 integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) asesinados y 25 personas desaparecidas.

El llamado de auxilio busca evitar el desplazamiento de células criminales hacia territorio poblano.

Incluso los habitantes identificaron municipios críticos que requieren presencia policial inmediata: Tulcingo de Valle, Albino Zertuche, Chiautla de Tapia, Huehuetlán el Chico, Cohetzala e Ixcamilpa de Guerrero.

Tampoco debe ignorarse que pobladores han advertido que el grupo delictivo ya mantiene presencia en Jolalpan y Huehuetlán el Chico, utilizando la ruta de Olinalá como punto de acceso entre ambos estados.

“La Guardia Nacional y el Ejército solo vienen a tomarse fotos para simular operativos; mientras tanto, las madres indígenas tienen que dormir escondidas en el monte por temor a nuevos ataques”, denunciaron los pobladores ante la presunta inacción de las fuerzas federales.

Gobierno federal atiende el caso

En tanto, esta martes 12 de mayo en la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el gabinete de seguridad nacional trabaja para contener a “Los Ardillos” y evitar su expansión hacia Puebla.

No obstante, las cifras oficiales del gobierno federal difieren de las comunitarias, reportando únicamente 96 personas desplazadas por la pugna entre los grupos “Los Ardillos” y “Los Tlacos”.

En tanto, autoridades han informado que se ha permitido el ingreso de ambulancias para trasladar heridos al Hospital de Chilpancingo, además trabajan para liberar tres puntos carreteros bloqueados por personas armadas.

Sobre la situación Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, aclaró que se entablarán conversaciones exclusivamente con autoridades comunitarias y “de ninguna manera” con grupos criminales.

Mientras el gobierno estatal de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) aseguran haber retomado el control de la zona, los habitantes de la Montaña Baja mantienen el estado de alerta, exigiendo que el cerco de seguridad en Puebla sea real y permanente para frenar la ola de violencia que ya desbordó la frontera guerrerense.