En un paso histórico para la protección de la infancia, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por unanimidad reformas al Código Penal que castigan con penas de hasta 15 años de prisión a quien obligue, coaccione, induzca o gestione la cohabitación forzada de menores de edad, una práctica comúnmente conocida como “matrimonio infantil”.

La modificación legal sanciona penalmente a quienes involucren a personas menores de 18 años, o a personas sin capacidad de comprender el hecho, en uniones de hecho, informales o consensuadas que resulten equiparables al matrimonio.

Con esta resolución, Puebla se convierte en la entidad número 13 a nivel nacional en legislar formalmente contra esta problemática, alineándose con estados como Guerrero, Chihuahua, el Estado de México, entre otros, y logrando una armonización con el Código Penal Federal.

El nuevo marco legal establece que las penas base irán de los 8 a los 15 años de prisión, acompañadas de multas que oscilan entre los mil y 2 mil 500 días de salario. Asimismo, la ley contempla agravantes que incrementarán el castigo cuando las víctimas pertenezcan a pueblos o comunidades indígenas y afromexicanas, o bien, cuando se trate de personas con discapacidad.

La iniciativa, inspirada en la lucha y activismo de la exdiputada federal panista Eufrosina Cruz Mendoza, busca erradicar una práctica que históricamente ha vulnerado los derechos humanos, especialmente bajo el cobijo de supuestos “usos y costumbres”.

“Esta es una de las reformas de mayor trascendencia de esta legislatura. Se logra por la determinación de mujeres valientes. Hubo años de silencios y omisiones institucionales. Durante mucho tiempo se quiso justificar como costumbre”, afirmó en tribuna la diputada panista Susana Riestra Piña.

Al respecto Riestra Piña alertó que tan solo en el año 2024, más de 89 mil niñas y adolescentes se convirtieron en madres, de las cuales casi 6 mil tenían apenas entre 10 y 14 años de edad.

“Se trata de infancias interrumpidas. Miles de niñas fueron obligadas a dejar la escuela y asumir una vida adulta para la que no estaban preparadas. Las niñas son niñas, no son esposas ni madres”, sentenció.

Su posicionamiento fue respaldada por diferentes frentes políticos siendo las diputadas Azucena Rosas Tapia de Morena y Norma Estela Pimentel del PVEM quienes secundaron los argumentos en tribuna y coincidiendo en la necesidad de desmantelar la normalización de la violencia contra las menores.