Redacción PH
Paola Schietekat, una mujer mexicana que vivía y trabajaba en Qatar, denunció haber sido víctima de violación, sin embargo la lentitud y mala asesoría del consulado mexicano la llevó a recibir una condena de 100 latigazos y siete años de prisión.
Sin embargo, la víctima logró salir del país y ahora desde México ha denunciado lo ocurrido, tras varios meses de una larga batalla legal en la cual, hasta ahora ella es la culpable por haber “sostenido una relación extramarital”.
De acuerdo con la afectada la agresión ocurrió en junio de 2021, cuando uno de sus compañeros de trabajo irrumpió en su habitación y la violó.
Tras la agresión Schietekat, quien es economista, politóloga y antropóloga y trabajaba en el Comité Organizador del Mundial de Qatar 2022, documentó las lesiones visibles y procedió a denunciar.
Con certificado médico en mano que confirmaba la agresión, Schietekat acudió a la policía acompañada del cónsul de México en Qatar, quien le recomendó continuar el caso hasta las últimas consecuencias.
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La mujer así lo hizo y el mismo día que denunció fue obligada a confrontar a su agresor e interrogada por varias horas, incluso le exigieron una prueba de virginidad, pues su agresor había argumentado que ambos eran pareja y que habían tenido relaciones consensuadas.
Fue entonces cuando, de cuerdo a sus leyes, ella se convirtió en la infractora al haber mantenido una relación extramarital.
Ella continúo con su defensa y su caso fue referido a la corte criminal y cuando por fin recibió el expediente, se percató de que su violador había sido absuelto bajo el argumento de que “no había cámaras que apuntaran directamente a la puerta del departamento”, por lo que no era posible comprobar la violación.
Sin embargo, los cargos contra ella por haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio se mantenían vigentes, lo cual le impide volver a Catar. Al buscar soluciones, recibió una “relativamente sencilla” por parte de su abogada y su representante legal: “Cásate con tu agresor para que se cierre el caso en tu contra”.
La víctima se negó y solicitó ayuda del Supreme Committee y de Human Rights Watch, para huir del país y regresar a México.
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Ahora, desde México la afectada ha señalado al consulado mexicano por su mala actuación y cómo el desconocimiento de las leyes la metieron más en problemas.
“La embajada pues tenía un desconocimiento absoluto del idioma, de las leyes, me pudieron ayudar a medias: parte de la ayuda, entre comillas, que me dio el cónsul me metió incluso en más problemas al no asesorarme sobre cómo podía denunciar”.
Agregó: “Cuando vieron lo que pasaba, vieron que el caso se complicaba, empezaron a replegarse, empezaron a alejarse; dejaron de contestar los mensajes y cuando yo me acerqué a la Cancillería para que pues se me diera un poco más de apoyo, lo único que recibí fue indiferencia”.
Incluso le informó la Embajada y el Cónsul que estaba recibiendo amenazas de su agresor, demandas a las que respondieron con un “pues cierren bien la puerta”.
La afectada desde México conocerá su sentencia la cual se dictará el próximo 6 de marzo.
