Beto Fong

El Instituto Nacional Electoral (INE) negó a la Secretaría de Gobernación (Segob) el permiso para acceder a los datos biométricos de los mexicanos.

Esto se da luego de que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, mantuvieron una reunión privada para dialogar temas referentes a la Cédula de Identidad Ciudadana.

Tras el encuentro, el consejero presidente informó la determinación, al tiempo que ofreció que los consejeros electorales asistan a la Secretaría de Gobernación para colaborar, pero salvaguardando los datos personales de más de 90 millones de mexicanos.

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Por otro lado, el consejero electoral, Ciro Murayama, reafirmó a través de Twitter que se protegerá la identidad de todos los mexicanos:

“La @SEGOB_mx solicitó hoy al @INEMexico los datos biométricos de los ciudadanos en el padrón para hacer la cédula de identidad. Los consejeros expresamos que eso NO es posible: se necesitaría la autorización expresa de cada ciudadano. El @INEMexico autónomo protege tus datos”.

Olga Sánchez Cordero, por su parte, informó que la Segob presentó el proyecto a cargo del Registro Nacional de Población (Renapo) al INE:

Es solamente un primer acercamiento, un primer diálogo y les hemos presentado la logística (…) hay muchísimas normas que hay que interpretar.

Por otro lado, Córdova Vianello indicó que hoy “se pusieron sobre la mesa las problemáticas y dilemas jurídicos y de otra naturaleza sobre las que tenemos que discutir”.

El consejero presidente reafirmó que trabajarán de la mano con el Gobierno de México, pero “sin violentar los marcos de ambas instancias y los derechos fundamentales de los mexicanos”.

No hay un acuerdo hoy. El acuerdo es comenzar los trabajos para llegar a acuerdos.

Cabe recordar que en 2013 el Movimiento Ciudadano, exConvergencia, estuvo involucrado en la filtración sobre la venta de bases de datos resguardadas por el IFE, a través del portal “buscardatos.com”, con sede en Suecia.

En 2016 el mismo partido volvió a denunciar un “asalto cibernético”, mientras que en el pasado proceso electoral, una vez más se denunció que en redes sociales y algunos mercados se estaba ofertando dicha información, sin embargo hasta ahora no hay sanciones contundentes para castigarlo, sólo multas económicas contra el partido responsable de la filtración.