Redacción PH
Un juez británico retiró este viernes en Londres los cargos contra Greta Thunberg y otros ecologistas por desorden público durante una manifestación contra los combustibles fósiles en la que fueron detenidos, al considerar que la policía aplicó entonces condiciones “ilegales” al efectuar los arrestos.
La activista sueca, de 21 años, y los otros cuatro acusados comparecieron por segundo día consecutivo ante la Corte de Magistrados de Westminster a raíz de su implicación en una protesta celebrada el pasado 17 de octubre frente a un céntrico hotel de Londres, donde se desarrollaba un foro de altos directivos de corporaciones energéticas.
Al emitir su dictamen, el juez John Law halló “deficiencias” en las comunicaciones de los agentes a la hora de lidiar con los activistas y consideró que los policías “impusieron medidas no razonables” para que los ecologistas pudieran acatar las instrucciones policiales.
Tras escuchar entre ayer y hoy los testimonios de agentes de la Policía Metropolitana de Londres (Met) que gestionaron la operación de seguridad durante la manifestación y los argumentos esgrimidos por el letrado de la Fiscalía, Luke Staton, Law optó por la retirada de los cargos “porque están tan poco claros que son ilegales”.
“Me resulta bastante llamativo que no hubiera testigos por parte de nadie dentro del hotel, donde había unas mil personas, o de nadie que intentara entrar; ni tampoco evidencias de vehículos (…) ni tampoco evidencia de que se produjeran interferencias en los servicios de emergencia”, señaló.
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Thunberg ya se había declarado no culpable de quebrar la Sección 14 de la Ley de Orden Público junto con los otros activistas.
En este sentido, el letrado Rad Chada argumentó que los policías desplegados tampoco dieron tiempo suficiente para que abandonaran la zona, con lo que los manifestantes “no sabían ni podían saber qué es lo que podían o no podían hacer”.
Por contra, el letrado Luke Staton, de la Fiscalía, mantuvo que “hay evidencias que apuntan a que los acusados son culpables” de originar desorden público.
La activista Maja Darlington, de Greenpeace, consideró en un comunicado que el veredicto de hoy es “una victoria para el derecho a protestar” y agregó que es “ridículo que cada vez más activistas climáticos se encuentren en tribunales por ejercer de forma pacífica su derecho a manifestarse” mientras los gigantes energéticos se lucran vendiendo combustible fósil.
Los acusados se enfrentaban a sanciones económicas de 2 mil 500 libras cada uno (unos 2 mil 900 euros).
Con información de EFE
