El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que Pedro Castillo, expresidente de Perú, recibió una sanción disciplinaria de 15 días de limitación en sus comunicaciones, después de publicar una carta en Twitter.
Según el comunicado del INPE, el 26 de enero se inició un procedimiento administrativo disciplinario contra Castillo, debido a una presunta falta disciplinaria por publicar una carta en Twitter, algo que no está permitido para los internos que no tienen acceso a teléfonos móviles.
En la carta, Castillo se declaró preso político de la dictadura de Dina Boluarte, la actual presidenta del país, y la dirigió a los mandatarios asistentes a la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
El Consejo Técnico Penitenciario del penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido, decidió que se le impusiera la sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones con el exterior, por un periodo de 15 días, de acuerdo con el Código de Ejecución Penal. La medida implica la restricción de las visitas de familiares y amigos durante el período de la sanción, pero no impide el ingreso de sus abogados ni su participación en las audiencias judiciales.
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Castillo fue detenido el 7 de diciembre pasado, cuando anunció un golpe de Estado e intentó dirigirse a la embajada de México, donde finalmente su esposa e hijos recibieron asilo. Actualmente, está en prisión preventiva por los delitos de conspiración y rebelión, y por ser presunto líder de una organización criminal que supuestamente se instaló en el Estado durante su gobierno para adjudicar obras públicas a cambio de dinero y favores políticos.
Durante una audiencia de apelación contra su detención, Castillo afirmó que es un preso político y pidió la intervención de organismos de derechos humanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hallar justicia ante la inseguridad jurídica que, asegura, se está creando en Perú.
Desde el penal donde cumple 18 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe y otros 36 meses por presunta corrupción, Castillo aseveró que se está creando una inseguridad jurídica no solo a nivel nacional, sino también internacional, porque “cualquier presidente en funciones puede ser detenido sin pasar antes por un antejuicio político”.
El antejuicio es un proceso político-judicial a través del cual se levanta la inmunidad de los altos funcionarios. La supuesta vulneración de su derecho al antejuicio, junto con la aparente falta de un alzamiento armado, son los principales argumentos de la defensa de Castillo para solicitar al Poder Judicial que anule la orden de prisión preventiva y el proceso por rebelión en su contra, mediante medio centenar de apelaciones, amparos y otros recursos que, hasta la fecha no han prosperado.
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