Redacción PH
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó el proyecto de la magistrada Janine Otálora, en el que propuso suspender los recorridos de los aspirantes a representante del Frente Amplio por México.
Además solicitará al Instituto Nacional Electoral (INE) que emita en un máximo de cinco días los lineamientos que regulen y fiscalicen el proceso del Frente Amplio de México.
La medida también va para “aquellos que tengan una finalidad similar para salvaguarda la equidad del proceso electoral”, es decir para la elección interna que está realizando Morena para elegir a su coordinador nacional de comités de defensa de la cuarta transformación, nombramiento que convertirá al elegido en el próximo candidato a la Presidencia.
En la sesión ordinaria de la Sala Superior la magistrada Otálora recalcó su postura de anular el proceso porque es una precampaña “disfrazada” para elegir a su candidato presidencial para las elecciones de 2024, pues los aspirantes realizan actos y eventos por todo el país. Ello, cuando es hasta la tercera semana de noviembre que inician las precampañas para las elecciones presidenciales.
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También advirtió que el Frente Amplio, integrado por el PRI, PAN y PRD, no tiene sustento en la normatividad interna de ninguno de los tres partidos, por lo que consideró que el proceso no solo es inválido sino un fraude a la ley.
Por el contrario el magistrado Indalfer Infante González consideró que el proceso del Frente Amplio por México no afecta los principios de legalidad ni de equidad y tampoco propicia actos anticipados de precampaña ni de campaña, por lo que debe prevalecer una interpretación pro-libertades que se orienten a maximizar las libertades.
Mientras, el magistrado presidente del Tepjf, Reyes Rodríguez Mondragón, señaló que es una “solución jurídica excesiva” suspender la convocatoria para elegir al representante del Frente Amplio por México, pero consideró que la convocatoria del PAN, PRI, PRD puede vulnerar la equidad de la contienda del próximo proceso electoral.
Por ello pidió que el INE emita los lineamientos generales para que “con base regule y fiscalice este proceso con la finalidad en cual hay un interés común de que se salvaguarde la equidad y legalidad”.
Entre los parámetros que deberá establecer el INE esta definir qué está permitido y qué no, así como los protocolos y herramientas para quienes participan; además, tiene que enfatizar que los partidos ni las organizaciones sociales ni la ciudadanía que intervengan en estos procesos deben hacer llamados a votar a favor de alguien.
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