Redacción PH
Amanda Gómez Nava, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y ex secretaria de la Función Pública, descartó opinar o rendir cuentas sobre cualquier tema que tenga que ver con el gobierno de Puebla, en específico por el presunto daño patrimonial de más de mil 300 millones de pesos que se generaron durante el mandato de Miguel Barbosa Huerta.
Lo anterior porque desde 2022 está excusada, es decir que no puede hablar, supervirsar, auditar o comentar sobre cualquier asunto que se relacione con la administración estatal durante el periodo de tiempo que fue secretaria de la Función Pública.
“En el comunicado está la excusa por la cual no puedo opinar, supervisar, auditar ni cualquier tema que tenga que ver con el Ejecutivo en el tiempo en el que yo fui secretaria de la Función Pública (…) No puedo opinar al respecto porque la ley me lo impide a través de ese comunicado”, explicó en referencia a la excusa que se publicó en el Periódico Oficial del Estado.
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Con ello la funcionaria queda imposibilitada para hablar de cualquier tema que tenga que ver con el ejecutivo, las 17 secretarias y los OPD y hasta para comparecer ante el Congreso de Puebla.
Gómez Nava estuvo al frente de Función Pública de octubre de 2020 a mayo de 2022, durante ese periodo como funcionaria tuvo que haber conocido sobre los 600 millones de pesos que se invirtieron en Accendo Banco tres meses antes de que se declarara en quiebra, también tuvo que estar del adeudo de 722.3 millones de pesos con el SAT por el calculo incorrecto del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2019 y 2020.
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