Redacción PH
Durante el 2023, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) recibió mil 66 quejas de usuarios del transporte público por el mal servicio, de las cuales el 68.57% de quejas se concentraron en nueve rutas, informó Omar Álvarez Arronte, titular de la SMT.
Las rutas con más quejas fueron la 3, 4, 10, 11, 21,33, 50 y la 76, informó el secretario durante su comparecencia ante el pleno del Congreso de Puebla, como parte de la glosa del primer informe del gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
De acuerdo con el funcionario la ruta 4 fue la que más señalamientos tuvo con 119, seguido de la 10 con 118, la 21 con 101, la 3 con 91, la 76 con 71, la 33 con 68, la 11 con 65, la 25 con 52 y la 50 con 46.
Aunque no detalló la razón de los señalamientos, precisó que en el primer trimestre recibieron 317 reportes, en el segundo 200, en el tercero 294 y en el cuarto con 255.
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Retiran unidades irregulares
Destacó que durante 2023 realizaron 640 operativos contra unidades “pirata”, logrando el retiro de la circulación de 438 unidades.
Los operativos contra el transporte pirata se llevaron a cabo en 31 municipios, donde el pirataje de unidades significa hasta el 45.8% del total de unidades, también se detectó invasión de rutas y otras faltas administrativas.
En el caso de la zona metropolitana reconoció que no hay una ruta que traslade a quienes viajan por el periférico, lo cual ha acrecentado el problema de los taxis pirata, no obstante se espera que la Línea 4 del Ruta, próxima a comenzar a operar, subsane el déficit y evite que la gente recurra a servicios inseguros y piratas.
En cuanto a las sanciones a permisionarios, indicó que se iniciaron 87 procedimientos administrativos sancionadores en contra de permisionarios cuyas unidades estuvieron involucradas en accidentes, 20 de estos son para revocar concesiones, además se aplicaron 709 infracciones por no contar con la documentación obligatoria.
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Combaten corrupción
El secretario mencionó que hay carpetas de investigación abiertas contra exfuncionarios permitieron la alteración de concesiones del transporte público a cambio de dinero, aunque no precisó nombres o cargos, ni cuántos son.
También acusó que exservidores públicos permitieron que se modificarán los derechos de concesión y cuando el dueño original buscaba hacer su refrendo, se encontraba con que su documentación había sido alterada y ya no era propietario de la misma.
Para combatir tal situación dijo que realizarán un programa de digitalización de documentos, con el que cada transportista podrá tener acceso a sus datos de derrotero con un NIP único, lo que impedirá la compra-venta ilegal de concesiones y permisos para poder operar.
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