No sabemos. Y no sabemos porque hemos escuchado 6 versiones. Seis versiones distintas por parte de diferentes altos mandos del gobierno federal. No sabemos si efectivamente o no contaban con la orden de cateo, que por cierto es un documento básico, para la aprensión de Ovidio Guzmán. Tampoco sabemos si es verdad o no que Estados Unidos presionó para que se acorralara al hijo del capo. Es más ni siquiera sabemos si realmente y como declaró el propio Secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, el sujeto “propiamente nunca estuvo formalmente detenido” (perdón por hacer doblete con los adverbios, pero es la cita textual.)
¿Qué sí sabemos? Sabemos que las fuerzas armadas estuvieron rebasadas en un lapso menor de 30 minutos. Sabemos también que salieron por la puerta del penal de Culiacán más de 40 internos, y por supuesto sabemos que en Culiacán no gobierna el morenista Jesús Estrada, no gobierna Quirino Ordaz y por supuesto tampoco gobierna Andres Manuel López Obrador. En Culiacán gobierna el cártel, el cártel de Sinaloa.
El cártel mostró su gran poder de convocatoria, su gigantesco arsenal y una fuerza en apariencia infinitamente superior a la del estado mexicano.
Mientras el presidente tomaba un vuelo comercial hacia el otro extremo del país, alguien, no sabemos a ciencia cierta quien fue tomó la decisión de que se liberará quien nunca estuvo formalmente detenido para evitar el derramamiento de sangre.
Nadie puede cuestionar que se tomó la decisión correcta basados en lo que en ese preciso momento para salvar a una sociedad vulnerada ante el narco terrorismo que se dio a consecuencia de un operativo pésimamente planeado y en consecuencia torpemente ejecutado. No quedaba de otra, Ovidio tenía que ser liberado.
El gobierno federal quiere darle la vuelta a su fallido intento de atrapar a un “supuesto” delincuente convirtiéndolo en retórica humanista. Pero insisto. Nunca se debió llegar al extremo de poner a la ciudad entre la espada y la pared por la incapacidad de no prever la posible respuesta del grupo delincuencial.
El gobierno pretende que vendernos razón de estado sin darnos todos los parámetros para poder juzgar no sólo la decisión de liberar al hijo del Chapo, sino el operativo en conjunto.
Es imperativo que el gobierno federal entienda que la gran legitimidad que tiene debe ser usada no sólo para hacer discursos complacientes y populacheros. La legitimidad debe usarse para mantener el orden y sobre todo para demostrar que son los únicos que tienen derecho a utilizar la fuerza con la finalidad de darle paz a su población.
El gobierno federal debe estar consciente de que la retórica humanista no justifica el hecho de que se demostró una gran debilidad y una gran ineptitud.
Su política de seguridad de atacar las causas es muy noble, pero los resultados se darán en un muy largo plazo y que probablemente él no pueda ser testigo de su éxito. Necesitamos una política de seguridad que dé resultados a corto y mediano plazo que ayuden a restablecer el estado de derecho.
No debemos preguntarnos que pasó en Culiacán. La pregunta hoy debe ser ¿Qué va a pasar después de Culiacán?
