Redacción PH
En 2022, el último año de gobierno de Miguel Barbosa Huerta, su administración habría generado un daño patrimonial de 447 millones 514 mil 561.42 pesos en las arcas de Puebla, además hay 287 millones 978 mil 844.84 pesos pendientes por aclarar, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la tercera entrega del informe presentado a la Cámara de Diputados.
En total las irregularidades representan 735 millones 493 mil 405.42, de los cuales 265 millones de pesos 53 mil 98 pesos por aclarar son por las irregularidades encontradas en el contrato identificado con la clave OP/LPE172/SA/SI-20220196, el cual no presentó reportes de avances en actividades, fotográfico, notas de bitácora y la acreditación del pago.
También se señala que en un contrato de 75 millones 543 mil 88.85 pesos, no hay documentación que compruebe o justifique la contratación de distintos servicios a favor de la administración estatal, situación similar ocurre con otro contrato por 27 millones 679 mil 498.52 pesos.
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Otra anomalía se detectó en un contrato con el sector Salud por 28 millones 183,840 pesos que carece de evidencia en los servicios de instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio, o los 27 millones 679 mil 498.52 pesos en los cuales tampoco se presentó la información que comprobará la contratación de servicios en la administración pública.
Hay irregularidades en un contrato por 28 millones 337 mil 60.25 pesos, clave SSP-SDIAP-C-037/2022, vinculado al almacenamiento y resguardo de bienes del Estado, mientras que el daño patrimonial por los contratos DABS-GESAL-310-563-SDR-354-2022, DABS-GESAL-311-564-SDR-353-2022, DABS-GESAL-309-562-SDR-337-2022 y DABS-GESAL-330-565-SDR-365-2022 se presume en 19 millones 320 mil 937.69 pesos.
Debe recordarse que Barbosa Huerta falleció el 13 de diciembre de 2022, pero ahora corresponderá a la administración encabezada por Sergio Salomón Céspedes Peregrina, aclarar el manejo de recursos.
