Los 12 gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) se revelaron y pidieron a Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, que no imponga en los estados a los “súpercoordinadores” de seguridad.
En un documentos los panistas aseverán que sus gobiernos colaborarán en el ámbito de su competencia, con las autoridades federales. Sin embargo no debe ser entendida como “sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar”.
“El país se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local. Resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región”.
El desplegado también está firmado por Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla quien en algunos días dejará el encargo que asumió durante poco más de dos años.
También se incluye la signatura de Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes; Francisco Arturo Vega de Lamadrid, de Baja California; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Antonio Echevarría García, de Nayarit; Francisco Domínguez Servién, de Querétaro; Carlos Joaquín González, Quintana Roo; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, y Mauricio Vila Dosal, de Yucatán.
“La colaboración en materia de seguridad debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla de componentes y fines político electorales, para hacerla un campo de neutralidad política que eleve la mirada por encima de diferencias ideológicas, considerando en ello factores de responsabilidad legal y representatividad entre autoridades, eficiencia, secrecía, profesionalismo”.
Por ello, consideran que la intención de supeditar el mecanismo de coordinación a los coordinadores estatales del gobierno federal, y colocar a los gobernadores y fiscales de los Estados como meros invitados, es un “desdén inaceptable”.
“No sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”.
Advierten que entre los pendientes de la seguridad está el atender las causas criminógenas del delito y de la violencia, sobre todo las que facilitan la captura de los jóvenes y grupos vulnerables por el crimen organizado y, por otro lado, fortalecer las capacidades civiles de policía, investigación, procuración de justicia y reinserción social.
Hasta el momento el proyecto lopezobradorista contempla que 32 coordinadores estatales y 264 regionales sustituyan a los más de 500 delegados federales y a sus oficinas burocráticas en los estados.
Entre sus funciones estarán las de vigilar el presupuesto federal y consolidar el proyecto del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a través de funcionarios ligados a la fuerza política y con arraigo en las entidades.
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