Redacción
Mario Marín Torres respondió a las declaraciones que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la periodista Lydia Cacho Ribeiro, sobre los supuestos amparos promovidos y al descongelamiento de sus cuentas bancarias, aclarando que a él no le han descongelado sus activos.
Aclaró el exmandatario en un comunicado, a través del despacho E&E Consultoría Corporativa de México, quien lo representa.
Al respecto el exgobernador asegura que lo publicado por Lydia Cacho en su cuenta de twitter: “La corrupción del poder judicial de México sigue igual. Dos jueces de #Puebla liberan las cuentas congeladas de los prófugos torturadores y tratantes de niñas. El ex gobernador #MarioMarin y #KamelNacif 800 millones. Libres para moverse a su antojo; buscados por Interpol”, es falso.
El despacho precisa que “en ningún momento se promovió un amparo a nombre de nuestro representado, por la inmovilización de sus cuentas bancarias, y en consecuencia, ningún juez federal le concedió amparo por el citado acto reclamado”.
Agregan que la publicación de Twitter únicamente “confunde y exacerba a cualquiera por la cantidad que se maneja (800 millones de pesos)”, a la par que “pone en riesgo a su familia de ser objeto de algún delito, si alguien piensa que cuenta con esa cantidad”.
Mencionan que la cifra se refiere exclusivamente al empresario Sr. Kamel Nacif, a quien le liberaron sus cuentas congeladas por la UIF.
Lo anterior se puede comprobar o corroborar ante los órganos jurisdiccionales del poder judicial de la Federación
Finalmente, indican que “la afirmación de la Sra. Cacho, es falsa e incurre en una falta de respeto absoluta, al realizar acusaciones de corrupción totalmente infundadas hacia los titulares del Poder Judicial de la Federación”.
Cabe recordar que en abril de 2019, el primer Tribunal Unitario de Quintana Roo liberó una orden de aprehensión en contra de Mario Marín, Kamel Nacif y del exsubsecretario de Seguridad Pública de Puebla Adolfo Karam Beltrán, por el presunto delito de tortura en agravio de Lydia Cacho que se habría cometido en la detención de esta última de diciembre de 2005.
